Existe un amplio debate sobre las oportunidades y riesgos de aplicar la inteligencia artificial (IA) en ámbitos cada vez más diversos. El empleo de la IA en campos como las finanzas, la biotecnología y la movilidad urbana cuenta con décadas de desarrollo y experimentación. Sin embargo, la evidencia empírica sobre el desarrollo de la IA en el ámbito del Gobierno y la Administración pública es escasa, aunque emergente. Saber qué opina la ciudadanía sobre el uso de la IA en los procesos de toma de decisiones públicas es crucial para determinar hasta qué punto existe un debate real o si solo se trata, quizá, de un debate algo sobredimensionado o, al menos, prematuro (Innerarity, 2023). Para establecer qué lugar desea la población española que ocupe la IA en el ámbito político-administrativo, primero es necesario saber qué opina la ciudadanía acerca de la IA, tanto en términos generales como en ámbitos más específicos en los que pueden tener algo más de experiencia o haber acumulado conocimientos.

Los resultados de la encuesta muestran que dos tercios de los españoles dicen saber, a grandes rasgos, qué es la IA, aunque solo uno de cada cinco afirma poder explicar bien en qué consiste. Los encuestados se muestran más ambivalentes acerca del impacto de la IA en la economía. Por un lado, son moderadamente optimistas acerca del impacto que pueda ejercer la IA en la generación de nuevas oportunidades económicas. Por otro lado, sin embargo, se aprecia que tienen cierta preocupación por la posible desaparición o reemplazo de puestos de trabajo, aunque, curiosamente, esta preocupación se expresa en mayor medida con respecto a los empleos de otros que a su propio empleo.
 

Con respecto a su visión general de la IA, el 60% muestra una opinión positiva. No obstante, si se comparan diversos ámbitos ‒como los diagnósticos médicos, los préstamos hipotecarios y los trenes de alta velocidad‒, se obtiene una imagen menos favorable: los españoles preferirían que, en estos ámbitos, fuera una persona experta quien tomara las decisiones de acuerdo con su propio criterio y no con el recomendado por un sistema de IA. En concreto, la censura de mensajes abusivos en las redes sociales es el único ámbito en el que la mayoría de los encuestados preferiría que la persona experta confiara en las recomendaciones de un sistema de IA.

Según los encuestados, no todas las acciones serán substituidas por la IA al mismo ritmo. La censura de mensajes abusivos en las redes sociales será la actividad que la IA reemplazará con mayor rapidez. En cuanto a la concesión de préstamos hipotecarios, el 40% opina que en un plazo máximo de cuatro años las máquinas serán las que lo decidirán por completo. Otro 40% piensa que habrá que esperar un poco más, hasta diez años, para que las máquinas realicen todos los diagnósticos médicos y conduzcan trenes de alta velocidad de forma totalmente autónoma. Quienes opinan que las máquinas nunca realizarán por completo estas actividades, o que al menos tardarán más de cincuenta años en hacerlo, en ningún caso superan el 25%.

Se observa un escaso apoyo al uso de la IA en el ámbito de la esfera pública y, en particular, en la toma de decisiones políticas. Si se compara dicho apoyo con el expresado hacia modelos de toma de decisiones políticas más consolidados, como el representativo, el participativo y el tecnocrático (Font et al., 2015), la IA es el mecanismo o actor peor valorado.

La población española muestra un apoyo muy limitado a la IA, ya que solo expresa una opinión algo favorable cuando se trata de tareas rutinarias y sencillas en el ámbito de la Administración pública. Cuanto más compleja y democrática es la naturaleza de los procesos de decisión, mayor es el rechazo a usar la IA (Gráfico 4). ¿Acaso los españoles somos especialmente reacios a incorporar la IA en las esferas del Gobierno y la Administración pública? La respuesta es que no, dado que estudios similares llevados a cabo en otros países de nuestro entorno muestran un patrón idéntico (König, 2022).

A la pregunta de si los políticos deberían de seguir las recomendaciones de un sistema de IA en lugar de seguir su propio criterio, el 65% de los españoles no se mostrarían partidarios. El 15% se mostraría a favor y el 20% no estarían ni a favor ni en contra. Del mismo modo, si comparamos el apoyo que recibe la IA con el obtenido por un amplio abanico de mecanismos y actores fundamentales en la toma de decisiones políticas, se observa que el primero es muy bajo. Los referéndums y las personas expertas obtendrían un apoyo de 7 sobre 10, aprox., y serían los mejor valorados. La idea de que las decisiones políticas deberían tomarse únicamente con arreglo a la evidencia científica recibiría un apoyo de 5,5, mientras que el obtenido por las asambleas de ciudadanos elegidos por sorteo, los representantes políticos y los empresarios se situaría entre 3,5 y 4. El apoyo a la IA como decisor político sería de 1,6 sobre 10. 

Mediante un diseño experimental, se ha analizado el grado de satisfacción con el funcionamiento de un presupuesto participativo en el que los participantes pueden seleccionar un conjunto de propuestas sobre políticas públicas utilizando diversos mecanismos de decisión, incluido el uso de algoritmos. Los resultados muestran que el grado de satisfacción depende, principalmente, de si el resultado final de la decisión conicide con las preferencias de los participantes y no tanto (aunque con matices) del modo en el que se han tomado las decisiones.

Según el experimento, basado en la simulación de un presupuesto participativo en el que los participantes son divididos en grupos y luego se les asignan distintos escenarios de toma de decisiones, el principal factor que influye en su satisfacción con el proceso es si el resultado de la decisión coincide o no con sus preferencias. Esta conclusión concuerda con estudios previos que han comparado el efecto de distintos procesos de toma de decisiones en el grado de legitimidad democrática percibida por la ciudadanía (Esaiasson et al., 2016). No obstante, la novedad de este estudio de investigación radica en que es la primera vez que en la ecuación se incluyen los algoritmos como potencial actor político.

El estudio realizado introduce nuevos interrogantes. En contra de lo esperado, los resultados apuntan a que mayores dosis de transparencia sobre el modo en el que se toman las decisiones no siempre se traducen en una mayor satisfacción por parte de los participantes. El resultado esperado sería que mayores dosis de transparencia ‒una explicación de cuáles han sido los criterios empleados para tomar la decisión‒ mitigaran el efecto negativo entre aquellos participantes cuyas propuestas no han sido elegidas. En cambio, el resultado observado es que una mayor transparencia no solo no mitiga dicho efecto, sino que, en ocasiones, puede llegar a incrementar la insatisfacción con el proceso.

ESAIASSON, P., M. PERSSON, M. GILLJAM y T. LINDHOLM (2016): «Reconsidering the Role of Procedures for Decision Acceptance», British Journal of Political Science, 49(1), 291-314. 

FONT, J., M. WOJCIESZAK y C. J. NAVARRO (2015): «Participation, Representation and Expertise: Citizen Preferences for Political Decision-Making Processes», Political Studies, 63, 153-172. 
 

INNERARITY, D. (2023): «The epistemic impossibility of an artificial intelligence take-over of democracy», AI & Society, 1-5. 

KÖNIG, P. D. (2023): «Citizen conceptions of democracy and support for artificial intelligence in government and politics», European Journal of Political Research, 62(4), 1280-1300.